20/11/2023
Hace meses que el sector fraccionador denuncia el atraso en la actualización de los precios de venta al público de las garrafas.
“Hoy estamos vendiendo con niveles de precios por debajo de los costos”, sostuvo Pedro Cascales, titular de la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA), a la revista Forbes. Esta situación pone en riesgo a muchas empresas que, en caso de dejar de operar, afectarían el abastecimiento de millones de consumidores en todo el país.
La cadena de producción incluye una decena de productoras de GLP, lideradas por YPF, PAE, Pluspetrol, Mega, TGS y Raizen; a las que se suma unas 25 fraccionadoras, que emplean más de 6000 personas en forma directa. Además, operan 400 distribuidoras, mayoritariamente pymes, abasteciendo al mercado de 75 millones de garrafas al año para unos 20 millones de usuarios.
Según datos de CEGLA hoy por cada garrafa de gas butano de 10 kilos, se pierden $744. El dato surge de una estructura de costos que en la zona norte del país tiene un costo operativo total que asciende a $1792, sin embargo, el gobierno autorizó a cobrar un máximo de $1048.
La estructura de costos de los fraccionadores, incluye 28% de GLP, 28% de transporte, 21% en concepto de mano de obra, 12% de producción, 3% de impuestos y otro 7% de gastos no erogables.
El pasado 19 de octubre ante la gravedad de la situación, el sector reclamó una vez más a la Secretaría de Energía, que fijó un incremento de los precios de venta aplicables a partir del 23 de octubre de un 10%, tanto para fraccionadores como distribuidores.
De esta manera, quedaron vigentes valores de venta de $1048 en el segmento de fraccionado de garrafas de 10 kilos (tomadas como referencia) y de $1839 para la distribución, llegando al público a $1931, aunque en muchas localidades llega a venderse hasta $3500 la garrafa.
“Las empresas más chicas no pueden continuar trabajando, hace poco cerró una empresa pyme, que llevaba años en el mercado, porque trabajando a pérdida te vas comiendo el capital”, destacó Cascales.
Desde el sector reclaman que se cumpla con lo que marca la ley 26.020, que en su artículo 7, dice que es necesario “propender a que el precio del GLP al consumidor final sea el resultante de los reales costos económicos de la actividad en las distintas etapas, para que la prestación del servicio se realice con las debidas condiciones de calidad y seguridad”.
Además, el artículo 34 estipula que los “sujetos activos tengan retribución por sus costos eficientes y una razonable rentabilidad”, cosa que no se cumple, según la visión de los empresarios del segmento fraccionador.
Hoy la actividad tiene precios máximos y desactualizados. Cascales apuntó que la actividad tiene “actualización de costos mensual y de acuerdo a la inflación, pero ingresos aleatorios”, dependiendo de los valores que fije la autoridad en la materia, que es la Secretaría de Energía; por esta razón pidió que haya una actualización automática de los precios.