20/07/2022
Julio Cobos presentó un proyecto a través del cual busca que se declare como servicio público el Gas Licuado de Petróleo. Lo que permitiría que el Estado intervenga en el precio de la garrafa de gas y también pueda garantizar su distribución en todo el territorio nacional.
El diputado nacional señaló la importancia de modificar la ley 26.020 a través de la cual se establece que el Gas Licuado de Petróleo no es servicio público, mientras que el gas por redes sí. Esta norma es la que permite que, en el caso del segundo, se establezca fuertes regulaciones, una serie de derechos especiales para sus consumidores y se pueda poner un tope al precio. “Las garrafas, en cambio, suben sus precios sin control real alguno. Queremos que se vendan a precio regulado y uniforme en todo el país y para eso necesitamos que avance este proyecto”, explicó el exgobernador mendocino.
Cobos también indico que “Argentina tiene una extensa red de gas natural, pero no llega a todas las localidades ni a todas las personas. Por eso, la demanda social de garrafas de gas es muy grande y prioritaria para satisfacer las necesidades básicas de miles de familias. Frente a la demanda de este servicio esencial, la respuesta que hoy brinda el Estado resulta insuficiente e inequitativa”.
No se trata de la primera vez que se plantea este tipo de problemática. “Cuando se trató la ley de zonas frías este tema quedó pendiente, entendemos que el precio de la garrafa de gas debe ser tratado como un servicio público y regulado por el Estado. El Estado debe preocuparse para que sean precios razonables y no como hoy sucede que, una vez más, se prioriza a quienes están conectados a la red de gas natural y no a quienes carecen de la misma”, señaló el diputado.
Cobos explicó también que “hay más de dieciséis millones de usuarios de garrafas de gas. Muchos viven en zonas muy frías del país. El GLP es el combustible que utilizan los sectores más desprotegidos del país a lo que hay que sumar cuatro provincias donde no existe gas por redes en su territorio: Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones”.
“Esta desprotección legal se agrava por los abusos que se dan en la red de comercialización de garrafas. Creemos que no alcanza con un precio sugerido. Necesitamos que YPF S.A, como empresa líder en el mercado, tenga una activa participación para garantizar el precio fijado”, explicó el legislador y agregó: “El mercado de distribución de gas comprimido se encuentra atomizado. El Estado debe actuar como facilitador de una distribución más equitativa y justa del producto, y para ello debe tener un rol central YPF S.A., una empresa de mayoría estatal y con presencia en todo el país. Es un error dejar al mercado lo que el Estado debe garantizar y procurar, velando siempre por la igualdad y bienestar de toda la sociedad”.
