20/05/2018

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, tomó una iniciativa del senador Julio Cobos y dijo que le dará impulso. Buscan declarar al combustible envasado como servicio público y fijar mecanismos de trazabilidad.  

Mientras las tarifas de los servicios públicos están en el centro de la agenda pública, senadores del oficialismo le presentaron al ministro de Energía, Juan José Aranguren, un proyecto de ley para garantizar que la garrafa de gas se venda al precio oficial en todo el país.
Los senadores radicales Julio Cobos (Mendoza), Ángel Rozas (Chaco) y Luis Petcoff Naidenoff (Formosa); y los del Pro Humberto Schiavoni (Misiones) y Néstor Braillard Poccard (Corrientes) se reunieron con Aranguren y le presentaron un proyecto de ley, desarrollado por Cobos, que propone que la garrafa de gas sea declarada “servicio público” y que YPF tenga la obligación de garantizar su distribución en todo el país al precio oficial.
Cobos presentó su proyecto de ley en soledad; pero con el correr de los días sumó voluntades. Las procedencias de los senadores oficialistas que se plegaron a su iniciativa es significativa: en el noreste argentino, la llegada del gas de red es mínima y la mayoría del fluido se consume en garrafas.
El borrador que los senadores le acercaron a Aranguren dispone declarar a la industria del Gas Licuado de Petróleo como un “servicio público”, lo que le daría al Estado mayor potestad de intervención para asegurar el abastecimiento. También, propone que la administración nacional venda GLP a consumidores finales al precio oficial en estaciones de servicio de YPF y obliga al Ejecutivo a garantizar, “por sí o a través de YPF”, la distribución a precios justos de las garrafas.
Aranguren fue receptivo, aseguraron desde el entorno de Cobos. “Fue una buena reunión”, remarcaron. El Ministro de Energía pidió tiempo para analizar el proyecto y enviarlo él mismo al Congreso con modificaciones.
Los radicales insistieron, y mucho, para reunirse con el ministro. Lo veían reacio a avanzar con mayores controles sobre la garrafa de GLP, combustible que usan unos 3,5 millones de personas que no acceden a la red de gas natural.
El ministro, no obstante, pidió excluir a YPF del asunto, argumentando que obligar a la empresa de capitales mixtos a brindar este servicio público afectaría el precio de sus acciones.
Además, reflotó una idea que circula en el Ministerio de Energía desde hace unos meses: agregar un chip a las garrafas de gas que permita su trazabilidad. De esta manera, podría saberse el destino de cada envase y sería más fácil constatar su precio de venta.
Esto último no es menor. La garrafa de gas tiene un precio máximo de referencia. La de 10 kilos no puede venderse a más de $216. Según la normativa, solo podrían venderse más caras las garrafas que se envíen a domicilio. Pero esto no se cumple.

Muchos precios

El precio máximo oficial de la garrafa aumentó 16,75% a partir del 1° de abril y encadenó una suba acumulada del 60% en un año. La de 10 kilos pasó a $216 finales; la de 12 kilos, a $260 y la de 15 kilos, a $324.
A su vez, ocho de cada diez hogares que usan garrafa reciben subsidios del Estado. Mediante el Programa Hogar, la ANSES deposita cada mes un monto de dinero para cubrir parte del precio oficial del combustible. La suma varía en función a la zona geográfica y la época del año.
Sin embargo, los 2,8 millones de hogares subsidiados pagarán el combustible un 64% más caro. Desde diciembre de 2017, el Gobierno depositaba $146 por cada garrafa de 10 kilos de $185, por lo que cada familia abonaba $39. Desde abril, el subsidio se elevó en cuatro pesos, de 146 a 152, pero la garrafa subió 31 pesos. La familia debe aportar ahora 64 pesos por cada tubo de 10 kilos, o sea, un 64% más. Hace un año, la garrafa social que ahora sale 64 pesos costaba 20. Todo esto, si las familias consiguen garrafas al precio oficial.
En una estación de servicio de Villa Elisa, en La Plata, la garrafa de 10 kilos cuesta 280 pesos y tiene un sobreprecio del 30 por ciento. En Florencio Varela, los consumidores denuncian que el envase de 10 kilos cuesta entre 280 y 350 pesos. En Neuquén, el precio también ronda los 280 pesos. En Corrientes y Misiones se llegaron a relevar precios de 400 pesos por garrafa.
A la hora de llevar a cabo los controles, los funcionarios no definen responsabilidades. La Dirección de Defensa del Consumidor responde que le compete al Enargas, que depende del Ministerio de Energía, fiscalizar que los precios oficiales se cumplan, por tratarse de un servicio regulado. Pero Aranguren le devuelve la pelota a la Secretaría de Comercio. “Sé que algunos dicen que no se consigue (al precio oficial) porque se requiere una mejor fiscalización, particularmente en el invierno, y esto requiere de un esfuerzo conjunto con la Secretaría de Comercio Interior”, dijo el ministro el pasado 29 de marzo, al oficializar los últimos aumentos en el gas natural.