20/03/2024 

El Gobierno busca alternativas con Bolivia, Brasil y Chile para evitar llegar a los cortes de suministro a las industrias y, sobre todo, a los usuarios residenciales.

Días atrás, la estatal Enarsa adjudicó el renglón 1 de la licitación para revertir el Gasoducto Norte, una obra de infraestructura clave para abastecer de gas natural a las provincias del norte del país, en especial a Córdoba, Tucumán y Salta.
La ganadora fue la constructora local BTU, dirigida por Carlos Mundin, que dejó en el camino a dos gigantes: la UTE Techint-Sacde y la norteamericana Pumpco (cuyo dueño es también propietario del Inter Miami, donde juega Leonel Messi).
Esta, que podría ser una buena noticia, no lo es en realidad porque la finalización del proceso licitatorio llega muy tarde para las necesidades energéticas del país este año. Es que por las demoras derivadas del recambio presidencial y la indefinición inicial sobre la continuidad o no de la obra en la gestión de Javier Milei, ya resulta imposible concluir con los trabajos de reversión antes de la llegada del próximo invierno.
El nuevo plazo para la puesta en funcionamiento de la obra es el 30 de agosto, aunque los entendidos en la materia aseguran que difícilmente será antes de mediados de septiembre.
El cambio en el calendario no sería un problema si las autoridades bolivianas no hubieran confirmado a la Argentina que no estarán en condiciones de atender el fuerte incremento de la demanda de gas natural en los hogares que se produce en la temporada invernal, ya que la producción es insuficiente y tiene a Brasil como cliente prioritario.
Frente a esa realidad, el Gobierno deberá buscar alternativas para asegurar el suministro de gas en las provincias del norte. Y por ahora se plantean dos alternativas.
La primera requiere de una negociación tripartita con YPFB, la petrolera estatal boliviana, y Petrobras, su par de Brasil. Concretamente, para que esta opción se ponga en marcha la Argentina debería lograr que la petrolera brasileña libere entre 4 y 6 millones de metros cúbicos diarios de gas que tiene contratado desde Bolivia para que YPFB envíe ese volumen hacia la Argentina. Con esa cantidad de gas se estima que, si el invierno no es muy crudo, se podría atender la demanda sin necesidad de recurrir a cortes.
El año pasado la ex secretaria de Energía, Flavia Royón, intentó llevar adelante un diálogo con Bolivia por este tema, pero tuvo muchas dificultades para lograr avances. El principal obstáculo es la fuerte declinación de los yacimientos bolivianos, que no sólo no alcanzarían para atender la demanda argentina, sino también posiblemente la brasilera.
La otra alternativa es importar gas desde Chile a través del Gasoducto Norandino, pero para avanzar se necesita que los consumidores del Norte de Chile, fundamentalmente algunas mineras, liberen capacidad de transporte que tienen contratada en firme para que el Gas Natural Licuado (GNL) procesado en la terminal Mejillones termine en nuestro país.
Una tercera opción sería combinar ambas alternativas, y conseguir un par de millones de metros cúbicos de gas natural de Bolivia y otro par de Chile; hasta que finalmente llegue el fluido de Vaca Muerta, sobre el final del invierno. Si esto no es posible, los cortes a industrias y a consumidores domiciliarios serían inevitables.
Cualquiera sea la solución a la que se apunte, los funcionarios de Energía tienen por delante meses de complejas negociaciones con sus pares de Bolivia, Brasil y Chile. Sin embargo, arrancan con desventaja. El presidente de Enarsa, Juan Carlos Doncel Jones, y otros funcionarios del Ejecutivo, como Fernando Solanet, que trabaja como subsecretario de Gas Natural, aún no están formalmente nombrados. Eso significa que, si alcanzaran algunos acuerdos, ni siquiera estarían en condiciones de firmar compromisos en nombre del Estado argentino.