20/07/2020
Fue firmado en 2018 y obliga al Estado a pagar 400 millones de dólares en 30 cuotas, de las que sólo se cumplió una. Tuvo dictamen negativo y necesita que ambas Cámaras lo rechacen para anularlo.
El Gobierno busca anular un decreto de necesidad y urgencia (DNU) de Mauricio Macri que compensó a las empresas generadoras de gas por las pérdidas ocasionadas por las devaluaciones de 2018. El primer paso para hacerlo fue con un dictamen en contra en la bicameral de trámite legislativo.
Para completar el trámite necesita que ambas Cámaras del Congreso lo rechacen, lo que no fue posible con los decretos que transfirieron las escuchas judiciales a la Corte durante el anterior gobierno: el Senado dio ese paso pero no así Diputados, donde los aliados
no garantizaron la mayoría. Cristina Kirchner y Sergio Massa optaron por crear una subcomisión supervisora.
Cambiemos volvió a negarse a tratar decretos de Macri en comisión por considerar que si ya fueron dictaminados alcanza con llevarlos al recinto o reemplazarlos por otro.
“Lo que están haciendo no es legal porque una vez que la Comisión dictamina la competencia es de las Cámaras, así lo dice el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional”, aseguró el diputado chubutense Gustavo Menna.
El DNU 1053 es un compendio de ampliaciones y cambios presupuestarios que en su artículo 7 establece que el Estado “asume, con carácter excepcional y con el alcance previsto en este artículo, el pago de las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio y correspondientes a volúmenes de gas natural entregados en ese mismo período”.
En abril de 2018, el dólar oscilaba los 20 pesos y duplicó su valor en pocos meses, aun después del acuerdo firmado por Macri con el Fondo Monetario Internacional. En octubre, ENARGAS aumentó las tarifas para que las distribuidoras de gas sean compensadas por los usuarios en cuotas mensuales, pero la presión de la entonces oposición y de la UCR lo obligó a revertir la medida.
“Si no derogamos este decreto todos los argentinos vamos a seguir pagando algo que es confiscatorio”, argumentó la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. Por su parte, el diputado oficialista Marcos Cleri, presidente de la bicameral, sostuvo que la intención del ex ministro de Energía Juan José Aranguren, era “estatizar la deuda del sector privado en base a compromisos” que había asumido con las empresas gasíferas, “tratando de transferir a todos los argentinos una pérdida que habían tenido”.
