20/06/2002

La idea de la empresa es convertirse en el agregador comercial de la distribución de gas natural en el país.

Además de la importación de Gas Natural Licuado, que es la tarea más visible de la firma, la ex Enarsa también canaliza el contrato de compras de gas natural a Bolivia; actúa como intermediario entre las petroleras y las distribuidoras de gas que ofrecen subsidios a la demanda, como Camuzzi Gas del Sur (para los usuarios de la Patagonia, que

todavía no pagan la tarifa plena) y las que usan el gas boliviano, por no tener oferta suficiente de cuencas en el norte argentino, como Gasnor y Gas NEA; y tiene distintos activos energéticos como la transportista eléctrica más grande del país, Transener, en donde es el principal accionista junto a Pampa Energía, el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) y las dos represas hidroeléctricas en construcción en Santa Cruz, financiadas por China.
Hace unos días la compañía estatal volvió a licitar otro barco para el abastecimiento de gas licuado durante el invierno. Hasta ahora contrató 26 barcos, que llegarán a la terminal de regasificación en Escobar, Buenos Aires, con el combustible a un promedio de US$ 2,89 por millón de BTU y la empresa internacional de trading Trafigura como el principal oferente.
Por estas operaciones, en 2019 el Estado había pagado US$ 329,1 millones a un promedio mayor a los US$ 6 por millón de BTU. En 2020, habría un ahorro cercano a los US$ 100 millones, que se deben a la disminución de los precios mundiales por la sobreoferta de gas por la pandemia mundial.
Por otro lado, la firma creó una mesa de trabajo para analizar con las autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) los términos de la quinta adenda del contrato de importación de gas de Bolivia, que regirá desde 2021.
La idea de que Ieasa sea el agregador comercial de la distribución de gas natural se aceleró en las últimas semanas, al ritmo del vencimiento de los nuevos contratos que se firmaron en abril y que extendieron las condiciones de abastecimiento entre productoras y distribuidoras que regían entre el 1° de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020. Esta idea es impulsada tanto por el Ministerio de Desarrollo Productivo como por el Ente Nacional Regulador del Gas.