Las garrafas en Mendoza se venden a un 65% más caro que lo sugerido por Nación. Así, un cilindro de 10 kilos puede llegar a costar hasta $330, cuando su precio debería ser de $216.

 

La directora de Fiscalización y Control de la provincia de Mendoza, Mercedes Zuluaga, afirmó que se trata de un monto “excesivo, y debe denunciarse”.
Desde la Subsecretaría de Recursos Hicrocarburíferos informaron que “el precio de la garrafa de 10 kilos es de $195,47 sin impuestos. Con el IVA, ese precio aumenta un 10,5%, llegando a los 216 pesos. Estos valores no incluyen la venta a domicilio, y es allí donde se produce el abuso a los usuarios, ya que agregan el costo del flete. A modo de ejemplo, una distribuidora puede cobrar la recarga $215 en la oficina central, pero si debe enviarla al domicilio ese precio puede subir a $320”.
“En lo que nos compete, controlamos que los precios estén exhibidos como corresponde y que los comerciantes tengan el comprobante de compra”, agregó Zuluaga. Además, explicó que ante casos de precios abusivos los usuarios pueden realizar la denuncia correspondiente.
Actualmente en Mendoza un 30% de los hogares no cuenta con servicio de gas natural, por lo que utilizan garrafas semanalmente.

Venta a precio oficial

El subsecretario de Desarrollo Social de la provincia cuyana, Alejandro Verón, realizó el lanzamiento del operativo “Garrafa en tu barrio”, en conjunto con los municipios. Este operativo pretende responder a la demanda de gas envasado producida por la llegada de las bajas temperaturas.
Los municipios deberán comunicarse con la subsecretaría de Desarrollo Social para solicitar la presencia del camión con la garrafa de 10 kilos. Los puntos de venta se coordinarán para llegar a los lugares más alejados y el precio de venta de la garrafa será de 220 pesos.
“Venimos haciendo sistemáticamente el operativo, no sólo en invierno sino también en verano. Lo que logramos con eso es que la gente tenga un circuito de determinados días y pueda acceder a la garrafa, al mismo precio que lo vende el distribuidor, es decir, 220 pesos”, indicó Verón.
Asimismo, el subsecretario subrayó: “Lo que logramos con esto es un ahorro de las familias que consumen este tipo de gas, que se hace difícil en esta época. Quiero agregar que no hay faltante de garrafas, y que el control no depende de la provincia sino de la Nación; aunque ya hace un año que estamos haciendo gestiones, por ahora contamos sólo con algunas herramientas para hacer que bajen el precio”.
Por último, Verón agregó: “Hemos encontrado lugares donde la garrafa de 10 kilos se vende a 250 ó 300 pesos, y es bueno que la gente comunique eso a Fiscalización y Control del Gobierno para que en base a eso construyamos los recorridos con la empresa Total”.

Pese a que el costo sigue por encima de lo que sale el gas natural, lo hacen para controlar el gasto del insumo.

 

Muchos bonaerenses están volviendo al uso de la garrafa ante el temor de que las facturas de gas natural sean impagables. Diferentes distribuidoras de gas envasado señalaron un incremento en los pedidos y en la venta de garrafas.
“Hay gente que deja el gas natural y opta por la garrafa, aunque el 90 por ciento de nuestros clientes son de zonas a dónde no llega la red de gas natural”, contó el empleado de una planta de envasado de gas licuado.
En otro comercio de venta de gas envasado notan que la vuelta a la garrafa se da -entre otros factores- porque la brecha de los precios entre el gas natural y el que ellos venden ya no es tan grande. Y aseguran que es notorio el repunte de la actividad.
“El mercado aún no tira porque hay temperaturas altas, pero la gente grande es la que no está dispuesta a pasar frío y la que más consulta por los precios de los envases para poder prender alguna pequeña pantalla. Buscan alternativas accesibles a su realidad económica”, apuntó un distribuidor que lleva 25 años en la actividad.
Otro indicador del repunte de la actividad en ese comercio es que mientras el año pasado vendían una media docena de envases, en la actualidad esa cifra trepó a 30.
“Siempre el gas envasado fue más caro por la cantidad de intermediarios que tiene antes de llegar al usuario, pero muchos vecinos, aún con la posibilidad de instalar el gas natural, lo piensan dos veces porque es mucha la inversión que hay que hacer y no se amortiza en dos o tres años; ya no hay tanta diferencia con el precio de la garrafa”, concluyó el comerciante.

20/05/2018

Diputados del Frente Neuquino presentaron un proyecto de ley para declarar de utilidad pública y sujetas a expropiación las 48 mil garrafas de gas que permanecen depositadas en la planta de fraccionado de Enarsa Patagonia. 

El objetivo, según se describe en el articulado de la propuesta, es garantizar el acceso a la energía a través de la garrafa social para las familias sin conexión a la red de gas natural.
La iniciativa propone que, desde el Ministerio de Desarrollo Social provincial, se implemente un programa específico para adjudicar las garrafas en cuestión mediante comodato gratuito a los sectores más vulnerables.
El gasto de la ley se afrontará con partidas designadas en el presupuesto del año correspondiente al proceso expropiatorio.
En los fundamentos se menciona que existen “miles de vecinos” que no tienen acceso a la red de gas y por lo tanto deben abonar las garrafas, cuyo valor también se vio incrementado.
A fin de facilitar el acceso a los envases y ante la inminente llegada del invierno, se propone la expropiación por parte del Estado provincial de las garrafas “ociosas” ubicadas en la planta de fraccionado de GLP, que se construyó entre CALF y Enarsa.

20/05/2018

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, tomó una iniciativa del senador Julio Cobos y dijo que le dará impulso. Buscan declarar al combustible envasado como servicio público y fijar mecanismos de trazabilidad.  

Mientras las tarifas de los servicios públicos están en el centro de la agenda pública, senadores del oficialismo le presentaron al ministro de Energía, Juan José Aranguren, un proyecto de ley para garantizar que la garrafa de gas se venda al precio oficial en todo el país.
Los senadores radicales Julio Cobos (Mendoza), Ángel Rozas (Chaco) y Luis Petcoff Naidenoff (Formosa); y los del Pro Humberto Schiavoni (Misiones) y Néstor Braillard Poccard (Corrientes) se reunieron con Aranguren y le presentaron un proyecto de ley, desarrollado por Cobos, que propone que la garrafa de gas sea declarada “servicio público” y que YPF tenga la obligación de garantizar su distribución en todo el país al precio oficial.
Cobos presentó su proyecto de ley en soledad; pero con el correr de los días sumó voluntades. Las procedencias de los senadores oficialistas que se plegaron a su iniciativa es significativa: en el noreste argentino, la llegada del gas de red es mínima y la mayoría del fluido se consume en garrafas.
El borrador que los senadores le acercaron a Aranguren dispone declarar a la industria del Gas Licuado de Petróleo como un “servicio público”, lo que le daría al Estado mayor potestad de intervención para asegurar el abastecimiento. También, propone que la administración nacional venda GLP a consumidores finales al precio oficial en estaciones de servicio de YPF y obliga al Ejecutivo a garantizar, “por sí o a través de YPF”, la distribución a precios justos de las garrafas.
Aranguren fue receptivo, aseguraron desde el entorno de Cobos. “Fue una buena reunión”, remarcaron. El Ministro de Energía pidió tiempo para analizar el proyecto y enviarlo él mismo al Congreso con modificaciones.
Los radicales insistieron, y mucho, para reunirse con el ministro. Lo veían reacio a avanzar con mayores controles sobre la garrafa de GLP, combustible que usan unos 3,5 millones de personas que no acceden a la red de gas natural.
El ministro, no obstante, pidió excluir a YPF del asunto, argumentando que obligar a la empresa de capitales mixtos a brindar este servicio público afectaría el precio de sus acciones.
Además, reflotó una idea que circula en el Ministerio de Energía desde hace unos meses: agregar un chip a las garrafas de gas que permita su trazabilidad. De esta manera, podría saberse el destino de cada envase y sería más fácil constatar su precio de venta.
Esto último no es menor. La garrafa de gas tiene un precio máximo de referencia. La de 10 kilos no puede venderse a más de $216. Según la normativa, solo podrían venderse más caras las garrafas que se envíen a domicilio. Pero esto no se cumple.

Muchos precios

El precio máximo oficial de la garrafa aumentó 16,75% a partir del 1° de abril y encadenó una suba acumulada del 60% en un año. La de 10 kilos pasó a $216 finales; la de 12 kilos, a $260 y la de 15 kilos, a $324.
A su vez, ocho de cada diez hogares que usan garrafa reciben subsidios del Estado. Mediante el Programa Hogar, la ANSES deposita cada mes un monto de dinero para cubrir parte del precio oficial del combustible. La suma varía en función a la zona geográfica y la época del año.
Sin embargo, los 2,8 millones de hogares subsidiados pagarán el combustible un 64% más caro. Desde diciembre de 2017, el Gobierno depositaba $146 por cada garrafa de 10 kilos de $185, por lo que cada familia abonaba $39. Desde abril, el subsidio se elevó en cuatro pesos, de 146 a 152, pero la garrafa subió 31 pesos. La familia debe aportar ahora 64 pesos por cada tubo de 10 kilos, o sea, un 64% más. Hace un año, la garrafa social que ahora sale 64 pesos costaba 20. Todo esto, si las familias consiguen garrafas al precio oficial.
En una estación de servicio de Villa Elisa, en La Plata, la garrafa de 10 kilos cuesta 280 pesos y tiene un sobreprecio del 30 por ciento. En Florencio Varela, los consumidores denuncian que el envase de 10 kilos cuesta entre 280 y 350 pesos. En Neuquén, el precio también ronda los 280 pesos. En Corrientes y Misiones se llegaron a relevar precios de 400 pesos por garrafa.
A la hora de llevar a cabo los controles, los funcionarios no definen responsabilidades. La Dirección de Defensa del Consumidor responde que le compete al Enargas, que depende del Ministerio de Energía, fiscalizar que los precios oficiales se cumplan, por tratarse de un servicio regulado. Pero Aranguren le devuelve la pelota a la Secretaría de Comercio. “Sé que algunos dicen que no se consigue (al precio oficial) porque se requiere una mejor fiscalización, particularmente en el invierno, y esto requiere de un esfuerzo conjunto con la Secretaría de Comercio Interior”, dijo el ministro el pasado 29 de marzo, al oficializar los últimos aumentos en el gas natural.

20/04/2018

El Gobierno de Tierra del Fuego informó que en estos últimos dos años de gestión pasó de aportar el 37% del valor por kilo de gas envasado al 73%, permitiendo que el vecino mantenga el mismo precio del servicio en las zonas que aún no se conectaron a la red de gas natural.
Por iniciativa de la gobernadora Rosana Bertone, la provincia absorbe los aumentos en el precio del gas envasado para que el beneficiario del subsidio continúe abonando $1,60 por kilo de gas, al igual que en el año 2013.
El costo del GLP se abona con recursos, en su mayoría, de la provincia, a lo que se suma lo aportado por el Gobierno Nacional y lo abonado por el beneficiario. Actualmente, ese costo final por kilo de gas es cubierto en un 73% por el Gobierno provincial y en un 21% por el Gobierno nacional.
En el año 2015, con 5500 familias subsidiadas, la provincia aportó casi 60 millones de pesos para el subsidio al gas envasado. En 2017 ese costo se elevó a 400 millones de pesos, permitiendo a 6500 familias seguir pagando el gas sin aumento.
Al respecto, la secretaria de Contrataciones del Ministerio de Economía, Araceli Oviedo, señaló que “es una decisión política de la Gobernadora mantener el precio del gas envasado para los beneficiarios del subsidio”, y agregó que “por las condiciones de nuestra provincia el gas no es un servicio del que uno puede prescindir y por esto afrontamos ese costo para que todos puedan acceder”.
Tras recordar que en los últimos dos años el costo de este subsidio para la provincia aumentó más de un 550%, Oviedo resaltó que “si ese precio debiera pagarlo el usuario, hay muchas familias que no podrían hacerlo y por este motivo trabajamos para sostener el precio para el usuario y afrontar los aumentos desde el Gobierno provincial”.