20/02/2020

Por
Claudio Bisurgi*

 

Un aspecto de la difícil coyuntura que atraviesa nuestro país -y que poco se conoce- es la crisis que afecta al sector de las empresas distribuidoras de gas envasado, una de las peores desde que existe la Cámara que las reúne, quienes intentan sobrevivir frente a una severa afectación de su ecuación económico-financiera que las coloca al borde del colapso operativo.
Se trata de uno de los engranajes fundamentales, pero poco visibles, del sector energético que nuclea a unas 180 empresas PYMES de capitales nacionales, la mayoría de estructura familiar, que emplean a unas 3.000 personas debidamente registradas. Estas empresas se encargan de llevar el gas en garrafas, capilarmente, a 10 millones de personas que diariamente necesitan este insumo fundamental para cocinar y calefaccionarse.
Más allá de las grandes inversiones y proyectos que rodean el presente y futuro de Vaca Muerta, y también de la actividad de los yacimientos convencionales, Argentina debe asumir que siempre habrá localidades y hogares, muchos de ellos alejados de las grandes ciudades, en los cuales el suministro energético llegará a través del gas propano y butano, conocidos popularmente como tubos y garrafas respectivamente.
De acuerdo con los datos oficiales suministrados por el INDEC, sobre un total de 12,2 millones de familias del país, casi 5 millones, es decir el 41%, utilizan gas envasado. Y esto seguirá siendo así debido a una combinación de restricciones regulatorias, económicas y hasta de infraestructura (como es el caso de algunos pueblos recónditos del país) que en ciertos períodos puede potenciarse con los fenómenos migratorios internos y externos que hacen crecer los anillos de las poblaciones urbanas en las diferentes provincias.
Desde la Cámara Argentina de Distribuidores de Gas Licuado (CADIGAS) hemos solicitado una reunión con las nuevas autoridades nacionales para que, de cara al próximo invierno, se pueda abrir un espacio de diálogo con las PYMES distribuidoras de gas que permita trabajar en una agenda común para recuperar la sustentabilidad operativa de un sector vital para atender las necesidades de la población. Las empresas estamos en condiciones de aportar el conocimiento, la experiencia y la vocación de servicio, en momentos en los que la agenda de la lucha contra el hambre y la pobreza requiere una actitud solidaria, integral y responsable.
A ningún dirigente político puede escapársele que, fruto del agravamiento de la situación económica y social padecida en los últimos años, se han sumado nuevos usuarios de gas envasado en hogares ubicados en áreas concesionadas y con instalaciones troncales y domiciliarias. El alza de tarifas, en combinación con el deterioro de la capacidad de pago de las familias, obligó a dichos consumidores a desconectarse de la red y optar por garrafas y tubos.
El gobierno anterior no resolvió los problemas del sector, que se agravaron peligrosamente a lo largo de todo ese tiempo, acercándolo a una situación cercana al colapso. Se debe considerar que el 40% de los usuarios de gas en garrafas recibe un subsidio directo a través de la tarifa social, lo que pone de manifiesto la relevancia de un sector que se encuentra constituido por una estructura económica y social vulnerable que requiere mantener la accesibilidad a este recurso básico para su calidad de vida.
En el pasado no fuimos escuchados. Las empresas no han recibido apoyo ni asistencia de la banca pública para cuestiones tan básicas y elementales como la renovación de los 2.500 vehículos que conforman el parque automotor, pilar necesario para la logística de la distribución. Por el contrario, hemos padecido el efecto devastador tanto de la inflación con la sideral suba de costos, como de las altísimas tasas de interés que conspiran contra el giro del negocio.
El resultado está a la vista: en los últimos años, mientras los costos aumentaron el 370%, el margen para las empresas PYMES que distribuyen el gas envasado se incrementó en menos de 150%, lo cual provocó un fuerte endeudamiento que afecta a quienes luchan día a día para subsistir.
Por supuesto, somos conscientes del contexto en el cual debemos operar y entendemos que la solución no pasa por el aumento de los precios. Nuestros clientes pertenecen, en gran medida, al sector más carenciado y vulnerable de la población. Un nuevo ajuste terminaría beneficiando la proliferación de la informalidad provocando más evasión, alentando la competencia desleal e incrementando los niveles de riesgo de un servicio que debe ser seguro y de calidad.
Desde CADIGAS creemos que, a través de la implementación de políticas públicas como la ayuda económica, la exención y/o disminución de cargas e impuestos, la promoción del primer empleo, además de acuerdos con empresas proveedoras del sector, será posible lograr la subsistencia de las empresas, llevando tranquilidad tanto a nuestros empleados que corren el riesgo de perder sus puestos de trabajo, como a los consumidores, que podrían verse desabastecidos de cara al próximo invierno.

 

*Contador y presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores de Gas Licuado.